Metrópolisur ¿Cómo hacerlo posible?

Por Armando Escalante Morales

Espero no ser blanco de ataques que han
recibido quienes se oponen a Metrópolisur

¿Cómo poder opinar sobre un ambicioso proyecto sin que de inmediato se nos califique como miembros de un bando o de otro? ¿Puede uno objetar un plan de gobierno sin que la intolerancia salga a flote? ¿Puede un yucateco libre hoy, mantener un desacuerdo con esta idea sin que de inmediato se le eche encima toda la artillería pesada de intereses oficialistas y hasta se le acuse de apátrida o detractor?

En todo el proyecto de Metropolisur que se difunde en el sitio internet del gobierno del Estado, no hay una sola línea que nos precise a los ciudadanos comunes y corrientes cuánto costaría el traslado hasta Hunucmá del Centro de Control de Tránsito Aéreo que opera Seneam en esa terminal. No hay una sola palabra sobre este hecho que, dicho sea de paso, puede costar muchos millones de pesos que, hasta donde parece, no están contemplados en el gasto original. Si alguien tiene el desglose, de lo que costará mover, el radar, las antenas transmisoras y receptoras, los equipos, las computadoras, las casetas y el cableado a Hunucmá, agradecerá me lo remita.

Pero aclaremos: el Centro de Control no es la torre del aeropuerto. Es un sitio neurálgico, estratégico, que, en el caso de Yucatán, supervisa el paso de las aeronaves que van y vienen de Norte y Centroamérica, el Golfo, el Caribe y el territorio mexicano. En ese lugar, se vigila el radar, se mantiene comunicación con cientos de aviones que cruzan los cielos de la Península. Aquí, en Mérida, se maneja lo que vuela a Houston, Miami, Cuba, muchas ciudades de México, otras islas que tenemos enfrente y por supuesto, Guatemala, Honduras, y El Salvador. Gracias al Diario aprendí que en ese sitio laboran, además -se acepte o no-, gente de la DEA y de la Zona Militar, en el combate a las drogas. Hace unos años se instaló también en el aeropuerto local una antena repetidora que se controla desde Nueva York y que supervisa la navegación en México de decenas de aeronaves norteamericanas.

Moverle un cable a ese complejo entramado, debe costar mucho dinero e implica riesgos. Reubicarlo, por tanto, es carísimo y requiere de un detallado programa de paulatino traslado. No se puede decir apagamos las pantallas de radar, bajamos las antenas en la mañana, las llevamos a Hunucmá y en la tarde las prendemos. No es como llevarse la tele y conectarla en Chelem.

Sin embargo, aún hay otro asunto más delicado: en el Senado se autoriza la construcción de instalaciones militares. ¿Será cierto que no hay contemplado en el presupuesto del año próximo –el último de Fox- ninguna reubicación de instalación militar alguna? Pero además, la Base Aérea Militar No. 8 solo se movería si y solo si, lo autorizan los Senadores del siguiente sexenio. ¿Y si no lo autorizan? La Base Aérea tendría que quedarse donde está.

Desde luego que no faltará quién diga que primero hay que hacer el aeropuerto próximo a la hacienda Texán para luego comenzar a trasladar ahí otras instalaciones. Si, pero resulta que el proyecto depende también de si la Cámara Alta da o no su aprobación para poder mudar las instalaciones militares. Esa gran verdad, ¿nos la dirán en el 2008 ó en el 2010 cuando le comiencen a salir los vicios ocultos al proyecto?

Pero antes de mover el costosísimo Centro de Control y las carísimas instalaciones militares, hay cosas muy elementales que no están claras en el documento que mandó el Ejecutivo al Congreso. Por ejemplo, los terrenos de la actual terminal no le pertenecen al gobierno del Estado. ¿Cómo puede contraerse un préstamo diciéndonos que se pagará con la venta de una superficie que no es nuestra? Esa desincorporación lleva, mínimo, con el apoyo presidencial, varios sexenios, como ocurrió con los terrenos de la Santa Rosa y la Inalámbrica, y recientemente con la Monitora, todos en manos de la SCT y cedidos al gobierno estatal en procesos que ocurrieron a lo largo de los últimos 18 ó 20 años.

¿No sería mejor que primero el Gobierno Federal traspase, regale o ceda esa propiedad al estado? ¿Qué tal si algo pasa en los próximos meses como por ejemplo que gane Andrés López Obrador y luego ese terreno no se le traspasa nunca al Ejecutivo yucateco y entonces nos quedamos con una millonaria deuda y además con un elefante blanco en Hunucmá? Hay que pensarlo bien porque para entonces ya no tendremos como gobernantes a los hoy promotores del proyecto y no habrá a quien reclamarle.

Valdría la pena contraer ese préstamo de mil y pico de millones pero no para dilapidarlo en un proyecto a todas luces innecesario, absurdo y cuyo final del túnel aún no aparece. Las justificaciones en torno a que se rescatará el sur, no aguantan un debate serio. Los pobres del fondo de la ciudad ni son los únicos ni son los más pobres. En todo caso, ¿porqué no preocuparse por atender el cinturón de miseria que si existe en las comisarías y en todo el estado?.

El ruido de los aviones, el peligro del combustible, los posibles accidentes aéreos, el rodeo que hay que dar a la barda perimetral, la vialidad interrumpida, etcétera, etcétera, son, como suele decir el Ejecutivo, puras vaciladas. El ardid de la pobreza del sur profundo, y la preocupación por desarrollar esta zona de la ciudad, resultan un argumento poco sólido si nos damos una vuelta por el anillo periférico y visitamos las comisarías y vemos que la miseria no está constreñida en un solo punto cardinal.

Los habitantes en miseria atrapados entre los numerosos fraccionamientos residenciales de Chuburná, no dejaron de ser pobres por tener calles, avenidas, escuelas, residencias, y centros comerciales junto a sus casas. Muchos siguen defecando en el patio, crían animales ahí mismo y de eso se quejan los varios vecinos que viven en sus múltiples privadas. ¿Esos pobres que no tienen ninguna barda enfrente por culpa de qué aeropuerto lo son?

Supongamos de todos modos que si es por los pobres, y queremos apoyar este ambicioso proyecto, sugiero entonces primero obtener del gobierno federal la propiedad del terreno, hoy concesionado a ASUR –que como no es suyo, no lo puede vender ni negociar con él-, y de ese modo amarrar la futura operación de venta y por ende de recuperación de los fondos invertidos; segundo, considerar de una vez el carísimo cambio del Centro de Control de Tránsito Aéreo y sumarlo al costo de esta compleja obra urbanista, y tercero, conseguir del Senado la autorización para reubicar las instalaciones militares que funcionan en el aeropuerto antes de contraer cualquier deuda.

Por lógica si el próximo presidente dice que no a la cesión del terreno, ya después, ni habrá cambio de Centro de Control y menos nos tendremos que preocupar de si el Senado autoriza o no mudar la base de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto, lo digo, en aras de cómo si hacer posible esta idea de fin de sexenio.