
Cuento de nunca acabar
Artículo sobre el transporte urbano en Mérida, Yucatán, México, que dibuja de cuerpo entero, y en muy pocas palabras, los principales problemas que padecen en materia de cobro de tarifas los empresarios que se dedican a este negocio.
Por Armando Escalante Morales
La mayoría de los concesionarios del transporte urbano de pasajeros de Mérida llevan más de una década reinvirtiendo su capital en nuevos vehículos, contratando créditos bancarios y comprometiendo sus finanzas. Pueden invertir en otros giros pero se mantienen fieles al transporte por razones que van desde el amor y vocación a un negocio familiar hasta por reconocer que deja dinero.
A pesar de que los dueños son tratados como niños chiquitos, son gente madura, y junto con los jóvenes que han heredado el negocio -algunos de ellos familiares de los pioneros de la actividad-, se puede afirmar que el 95% de ellos asumió un compromiso real de renovar los autobuses, no porque se lo exijan las autoridades sino porque el gasto en mantenimiento se reduce y porque saben que, o se modernizan, o simplemente desaparecen.
Intentan mejorar pero no lo consiguen del todo: colocaron sensores para contar personas, computadoras para monitorear la ruta y lo que hace el chofer, a qué velocidad va y en qué tiempo la recorre y muy pronto podrían instalar lectores de credenciales y tarjetas de prepago.
Se creó un instituto de capacitación y a los operadores les dan incontables cursos de todo tipo, pero las quejas contra ellos siguen y siguen y me temo que sobresaldrán por encima de los aciertos. Hay inspectores de las empresas que vigilan a los choferes y los auditan sin previo aviso en cualquier punto de la ruta. Se confunde la actitud grosera de un conductor con todo el sistema de transporte.
Uno de los males es la vigencia de 2 tarifas –adultos y niños y estudiantes- que motiva faltantes de dinero en algunas empresas; a espaldas de los propietarios se suele entregar comprobantes de estudiante a quien paga como adulto. La diferencia en dinero va a parar a otro bolsillo y se llama “robo hormiga”. Por eso le ponen tope a los boletos para escolares.
Hay otro problema: no todos son “estudiantes de verdad” y las credenciales a veces las portan empleados de tiendas departamentales o comercios y no quienes van a la escuela. Son apócrifas.
Un empresario camionero dice: ¿doy un descuento a un supuesto estudiante que además de portar un celular en el cinto, gasta en tarjetas telefónicas $200, se toma dos refrescos diarios de $5 y va al cine que cuesta $30?. ¿Les dan rebajas en otros servicios?”
Otro se queja: “El combustible, la electricidad, el periódico, todo sube de precio y yo no puedo aumentar mi tarifa ¿por qué?”. Mandar 4 mensajes por celular vale más que la tarifa escolar del transporte. Si las empresas telefónicas no dan descuentos a los alumnos, ¿por qué el transportista si?.
El “robo hormiga” –aunque no se acepte- seguirá hasta que los operadores no manejen dinero en efectivo, y se instalen alcancías como en EEUU, iguales a las que tuvimos un día en Mérida.
Una solución es aplicar una tarifa única que bien pudiera ser la resultante de promediar la más baja y la más alta -luego de ajustar las actuales-, tomando en cuenta que en casi todas las familias hay adultos y estudiantes. Se acabarían los robos, pues por 1,000 pasajeros transportados se contarían igual número de boletos e ingresos. Hoy, sin embargo, es imposible.
No obstante, si el boleto estudiantil es un mal necesario y nadie se atreve a cancelarlo, sugiero ponerle más ciencia al asunto y velar porque este beneficio sea fruto de una investigación social muy sencilla, que confirme la necesidad económica de la persona. No cualquiera debe tener una credencial de estudiante. Estas medidas, sumadas a los sistemas de prepago, causarían un beneficio inmediato.
El xix.- Si alguien está jugando a las “manifestaciones” y se divierte viendo que los estudiantes insulten al Alcalde y cierren una calle, ¡cuidado!. Estamos inaugurando un peligroso juego. armajose@yahoo.com
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