LA PGR EJERCITA ACCIÓN PENAL CONTRA LOS PROBABLES RESPONSABLES DEL DELITO DE HOMICIDIO DE CINCO PERSONAS EN CANCUN

México, D. F., a 28 de febrero de 2005 Boletín 200/05


• Los aprehendidos fueron trasladados al CERESO de Mérida, Yucatán.

En torno al hallazgo de cinco cadáveres en Cancún en noviembre de 2004




La Procuraduría General de la República dio cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo en contra de diversos servidores públicos de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo y la Policía Municipal en el municipio de Benito Juárez de esa entidad, con motivo de las investigaciones que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada llevó a cabo en torno a los hechos ocurridos el día 25 de noviembre de 2004 en que se realizó el hallazgo de cinco personas que aparecieron privadas de la vida en el kilómetros 343 carretera Cancún–Chetumal, entre plaza Santa Fe y la imprenta de La Voz del Caribe, de los cuales tres de ellos fueron identificados como elementos de la Agencia Federal de Investigación adscritos a la sede de Cancún.

Como se recordará, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada atrajo las investigaciones relacionadas con los cinco homicidios antes citados.

Las investigaciones que llevó a cabo la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud permitieron a la Procuraduría General de la República ejercitar acción penal por el delito de Homicidio calificado en contra de Ramón José Pérez y/o José Ramón Pérez; José Guadalupe Chagoya Martínez, Guillermo González Sobrado (a) “El Tigre”; Armando Alfredo Villalobos Valdés, Ciro Gómez Izquierdo (a) “El Ciro”; Avimael Hernández Cornelio (a) “El Semáforo”; Asunción Alejandro Rodríguez (a) “El Chuncho”; Manuel Ramírez Cordova (a) “El Chiapas”, “El Greñas” y/o “El Payaso”, por su probable participación en los hechos en que perdieron la vida Roberto Alcántara Valdez, Fernando Pérez Nájera, Luis Octavio Guzmán Ruiz, Celso Eduardo Solís Flores y Óscar Leonardo Martín Flores.

La probable responsabilidad que se atribuye a Ramón José Pérez y/o José Ramón Pérez, José Guadalupe Chagoya Martínez y Guillermo González Sobrado (a) “El Tigre” deriva de la serie de actos que realizaron para facilitar que los ejecutores tuvieran acceso a las víctimas del múltiple homicidio, con el conocimiento y complacencia de Armando Alfredo Villalobos Valdés, Ciro Gómez Izquierdo (a) “El Ciro”; Avimael Hernández Cornelio (a) “El Semáforo”; Asunción Alejandro Rodríguez (a) “El Chuncho” y Manuel Ramírez Córdova (a) “El Chiapas”, “El Greñas” y/o “El Payaso”.

Asimismo, la probable comisión de los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y Contra la salud, se atribuye a Gregorio Mejía Pérez; Sergio Villaseca Flores (a) “Checo”; Juan Espinoza de la Rosa; Rubén Cecilio Rodríguez; Arturo Domingo Martínez Rodríguez; Guadalupe Hernández Hernández (a) “El Caballo”; Felipe de Jesús Argüelles Mandujano (a) “El Rayo”; Raúl de León Castro; María de Lourdes Gómez Peña (a) “La Lulú”; Irma Espíritu Perea; Josefina Salas del Real; Gustavo Mendoza González; Jesús Arturo Herrera Villareal; Miguel Ángel Hernández Castrellón; Armando Alfredo Villalobos Valdés; Ramón José Pérez y/o José Ramón Pérez; José Guadalupe Chagoya Martínez; José Luis Guzmán Rodríguez (a) “El Durango”; Víctor Gabriel Argáez Solís; Everardo Castro Colorado (a) “El Colorado”; Ciro Gómez Izquierdo (a) “El Ciro”; Avimael Hernández Cornelio (a) “El Semáforo”; Guillermo González Sobrado (a) “El Tigre”; Maria del Carmen Gómez Lavin (a) “La Prieta” y Mario Olivares Molina; por la probable comisión en el mismo delito respecto a Asunción Alejandro Rodríguez (a) "El Chuncho" y Manuel Ramírez Córdova (a) "El Chiapas", toda vez que las primeras 25 personas, aprovechando sus funciones de servidores públicos, integraban una agrupación delictiva cuya principal función era la de tolerar y permitir que terceros continuaran cometiendo diversas conductas relacionadas con el narcomenudeo y el tráfico de estupefacientes.

En razón de que la medida de arraigo se encontraba vigente, el Ministerio Público de la Federación solicitó a los diferentes jueces de Distrito levantaran la medida para que la Agencia Federal de Investigación pudiera cumplir con la orden de captura.

Las 27 personas –quienes fueron trasladados al CERESO de Mérida, Yucatán– se encontraban en un inmueble ubicado en el Distrito Federal, en acatamiento a la medida de arraigo ordenada por los jueces Tercero, Noveno, Undécimo y Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y que con anterioridad fue solicitada por los Fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud.